La posible implicancia que tendría la ley de usurpaciones: terceros recuperando propiedades
La legítima defensa privilegiada, incluida en el proyecto y que fue aprobada por el Senado, está a la espera del anunciado veto presidencial. La contemplación de participación de terceros podría dar espacio a la creación de empresas privadas dedicadas a desalojos como sucede en España.
Por Jaime Orellana y Vicente Ayala.
El pasado miércoles el Senado aprobó el proyecto de la ley “usurpaciones” incluyendo en él la legítima defensa y participación de terceros para la recuperación de propiedades. La ministra del Interior, Carolina Tohá, reafirmó este domingo el veto presidencial contra estos puntos que podrían “organizar un grupo de personas con intención de quitarle la vida a los usurpadores». La acción de terceros en esta problemática ya se da en España. Empresas privadas llevan años lidiando con “okupas” usando métodos que han sido cuestionados por unos y celebrados por otros. Diego Shalper y Chiara Barchiesi, quienes votaron a favor de la ley en Chile, no ven posible un escenario similar.
«Tú puedes defenderte o puedes defender a un tercero, es decir ir en grupo, y puedes defenderte sin importar el daño que causes. O sea, tú puedes por una usurpación asesinar, de acuerdo a la ley». Comentó la ministra Tohá en entrevista con Tolerancia Cero este domingo, refiriéndose a los puntos del proyecto que mayor discrepancia han causado. Además, reafirmó el veto presidencial que se presentará para evitar, según la visión del Gobierno, esos posibles escenarios.
A nivel general, para el director del Departamento de Derecho Público, abogado y académico de la USACH, Luis Bobadilla, dentro de las implicancias de esta ley se endurecen las penas para quienes usurpen con o sin violencia. Por otra parte, establece que la flagrancia siempre se mantiene vigente, por ende, se puede perseguir permanentemente en el tiempo. Además, está la legítima defensa privilegiada que, según comenta Bobadilla, “permite a las personas por sus propias manos o a través de terceras personas, intentar recuperar su propiedad sin que se persiga su responsabilidad penal. Respecto a esto último el Gobierno estima que se configuraría defensa por mano propia”.
Quien no está de acuerdo con la interpretación que hace el Gobierno es el diputado de Renovación Nacional (RN) Diego Shalper. El abogado declaró: “Yo creo que acá hay un sector de la izquierda que le molesta el que el Estado emplee la fuerza legítima para impedir que personas se tomen los predios ya sean del Estado o de otras personas porque ellos creen que es una reivindicación dentro del marco de una finalidad. El hecho de que se pueda repeler ese ataque y esto se vaya a traducir en que usted va a poder requerir turbas de gente haciéndose de su propiedad es absolutamente imposible porque eso es un abuso del derecho”.
Desde la bancada del Partido Republicano, la diputada Chiara Barchiesi señaló: “El Gobierno no está defendiendo a la ciudadanía. No los defiende del crimen organizado, terrorismo ni narcotráfico. El Gobierno debe demostrar que puede defender a la gente y no tener este tipo de actitudes con un presidencialismo exacerbado que deja de lado el trabajo del Congreso Nacional por un tema ideológico. Hay una desconexión con la gente. Están justificando delitos”.
El escenario español
“Hasta el momento llevamos recuperadas entre 220 y 240 propiedades”. Comenta Jonathan, director de operativos en JMDesokupaciones, empresa liderada por él y por Mónica López, quienes llevan cerca de tres años ofreciendo servicios de recuperación de viviendas en España. Desokupa, Fueraokupas y Desokupa Express, Desokupamos, Rekupera, Desokupa y Recupera, son algunas de las empresas que se han proliferado ante el aumento de denuncias que vio un aumento a partir de la crisis económica que vivió el país europeo el 2008. Las ocupaciones ilegales llegaron a 15.636 a fines de noviembre del 2022 según una respuesta dada por el Gobierno Español al Grupo Vox ante la solicitud y que fue informada por el medio The Objective.
Jonathan comenta el sentir de los clientes que buscan recuperar su bien. “Se ve la desesperación de los propietarios, la impotencia de no poder hacer nada y con poca celeridad de la justicia. Hay depresiones y ansiedades. A una clienta la ingresaron al hospital por los nervios e impotencia. Es muy amargo para los propietarios”.
El procedimiento que lleva esta empresa española ya es rutinario. Con personas de estatura y musculatura imponente, con experiencia en servicios de seguridad privada y artes marciales, llegan a las moradas ocupadas buscando deshabitar a los okupas.”Nosotros hablamos con ellos, les ofrecemos un acuerdo beneficioso para las 2 partes. Se crea un documento y se firma. El okupa no es denunciado o se le perdonan deudas. Siempre hay algo que beneficie a ambas partes se resuelve bastante rápido pueden ser días o dos meses, comparado con la justicia, que puede tomar bastante tiempo”. Esto no lo puede hacer cualquiera puntualiza.
Los tatuajes y la cantidad de personas del equipo de trabajo, que suelen ser 4 a 6 por visita, no los exime del riesgo. “Hemos tenido una emboscada que nos hicieron unos Okupas. Nos han enseñado cuchillos y enviado audios amenazantes. Normalmente no pasa de ahí. Cuando se intenta mediar, sale todo bien”.
Ante esta posible arista de empresas de desocupaciones, el diputado Shalper señaló que “La existencia una empresa esa naturaleza es un abuso de derecho, eso no es marco de la legislación porque lo que establece la legislación es que el propietario pueda requerir del Estado y el Estado no se pueda de excusar porque va a haber su garganta permanente, pero no es que un grupo de personas puedan hacer esto una especie de consorcio del lucro, no, eso sería un abuso del derecho, o sea que hubiese una empresa dedicada a hacer desalojos es un abuso del derecho”.
“Lo encuentro surrealista”. Manifiesta la diputada Barchiesi. “No se puede justificar ningún tipo de delito, pero yo creo que hoy el Gobierno no ha sido capaz de defender a los ciudadanos”.
