Ministra de la Mujer y la Equidad de Género sobre el proyecto de Ley por el Derecho a una vida sin violencia: “se espera tener un acuerdo transversal en la cámara”
La ley, ingresada en 2017 por la senadora Claudia Pascual, actualmente se encuentra en su segundo trámite constitucional. Ante esto, la ministra Antonia Orellana señala que “sabemos que es una ley que va a beneficiar sobre todo, a las víctimas, va a entregar más confianza a la justicia y entregará mayores herramientas para el acompañamiento”.
Por Antonia Lagos y Amanda Bugueño
Este lunes 13 de noviembre, la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, junto a distintas organizaciones de mujeres, detallaron en un punto de prensa el estado actual del proyecto de Ley por el Derecho a una vida sin violencia. Esta ley ingresó al parlamento el 5 de enero del 2017, por la primera Ministra de la Mujer, hoy Senadora, Claudia Pascual, y se encuentra actualmente en segundo trámite constitucional.
Al punto de prensa asistió Hermanas en el Dolor, junto a la ministra Orellana y la Agrupación de Familiares Víctimas de Femicidio.
En la ocasión, la ministra dijo que se recuperó la urgencia de la ley recién el año pasado, por lo que, actualmente, se encuentran tramitando los últimos 20 artículos que se encuentran en discusión. Asimismo, señaló que “esperamos tener un acuerdo transversal en la Cámara, al igual que lo hemos tenido en el Senado, respecto a la importancia de esta norma; a la importancia de mejorar la protección de las cautelares, a mejorar el seguimiento de las cautelares de protección a mejorar los procesos judiciales para las víctimas”.
En la misma línea, afirmó que una de las cosas que se quiere cambiar con esta ley, entre otras cosas, es el incorporar a niñas y niños como víctimas y no solo como testigos, en caso de violencia intrafamiliar. “Una de las cosas que queremos cambiar con la ley integral es que podamos llegar antes a los procesos judiciales”, aseguró también, respecto al hecho de que el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, no puede presentar demandas o representar en audiencias sin que la víctima se presente y de su autorización.
Además, la ministra se refirió brevemente al caso de Matías Fernández Cordero, seleccionado de fútbol que recientemente fue denunciado por violencia intrafamiliar por su ex pareja; y al caso del alcalde de Renaico, donde el Ministerio de la Mujer es el querellante en representación de una de las víctimas.
Ante esto último, Orellana señaló: “quiero hacer llegar un mensaje que nos indicó el entorno de la víctima que representamos, su desconsuelo por la falta de matiz que se le entrega a las declaraciones del alcalde; es decir, cómo en la cobertura no se le contrapregunta, sino que es una libre opinión respecto a las víctimas y como eso, en cierto grado, las revictimiza”. A su vez, afirmó que presentaron la solicitud de prisión preventiva, además de las otras solicitudes que realizaron mientras estaba prófugo.
Por otro lado, la vocera de la Agrupación de Familiares de Víctimas de Femicidio, Julieta Rivero, considera que, actualmente, el proyecto de ley “ha estado durmiendo”; así como también mencionó que es sumamente importante que se tomen medidas concretas respecto a la violencia: “no podemos seguir sumando más números, a nosotros nos cuesta decir ya van 45 o 50, es terrible que las mujeres hoy en día se conviertan en el número”, aseguró. “Al final es terrible porque nosotros los familiares somos los que nos convertimos en fiscales, en abogados; por lo mismo, es que esta ley es importantísima”.
Finalmente, la representante de Tipificación de Suicidio, Rosa Elena Moreno, de la Agrupación de Familiares de Victimas de Femicidio, señaló que “mi importancia de estar acá es que, en la modificación que se esta pidiendo en la ley, es que frente a un lamentable hecho sea si o si el estado el que se haga responsable, sin la necesidad del patrocinio de los familiares”, ya que, según sus palabras, muchas veces estos desisten por ser amenazados. Incluso si está la Ley de Suicidio Femicida, esta muchas veces es letra muerta, porque la familia no se atreve a hacer nada por el miedo a las amenazas o por estas mismas: “distinto sería si fuera el estado es el que lo hace”, mencionó.
