Bolivia atraviesa una intensa crisis política y económica, intensificada por un conflicto entre el presidente Luis Arce y el expresidente Evo Morales. El enfrentamiento entre ambos ha generado más de 20 días de bloqueos de carreteras, que agravan la situación del país.

La tensión escaló el pasado domingo tras un incidente en Chapare, donde el exmandatario denunció un supuesto intento de atentado en su contra, presuntamente ejecutado por el gobierno. Las autoridades respondieron acusando a Morales de incitar el conflicto, alegando que su comitiva ignoró un control antidrogas y atacó a los agentes. Ante ello, Morales inició una huelga de hambre y sus seguidores ocuparon algunas instalaciones militares, lo que complicó aún más la situación.

Sin embargo, este conflicto va más allá de los episodios recientes. Morales enfrenta acusaciones de estupro y trata de personas, además de una presunta relación con una menor de edad. Luego de no haberse presentado a declarar en octubre, la Fiscalía ordenó su captura, lo cual intensificó el descontento y las movilizaciones de sus adherentes. Morales ha advertido que si es detenido, podría desencadenarse un levantamiento popular, lo que llevó al gobierno a acusarlo de intentar desestabilizar el país y a prometer que tomará medidas para mantener el orden si es necesario.

El conflicto entre Morales y Arce responde a las pretensiones del expresidente de postularse por tercera vez a la presidencia, lo cual está prohibido por el Tribunal Constitucional, que establece que los mandatarios del país altiplánico solo pueden ejercer su cargo en un máximo de dos veces.

El analista político internacional, Fernando Wilson, comenta que: “La situación política boliviana está extremadamente líquida. No podemos hablar de que haya una obediencia o respeto a una institucionalidad, considerando que está claramente violada y las intenciones de Evo Morales, incluso antes de su deposición en 2019, son claramente de seguir violando la Constitución”.

Además, agregó que: “El gran problema es que esto se está reduciendo a un choque de fuerzas, en el que el rol pretoriano de las Fuerzas Armadas adquiere características particularmente brutales. El hecho de que unidades militares en el Chapare hayan sido asaltadas por partidarios de Evo, lo que les entregaría acceso a armamento, es particularmente serio y dramático en esa estructura”.

Esta crisis política se suma a la profunda recesión económica que vive Bolivia. Los bloqueos de carreteras han generado pérdidas de casi 2 mil millones de dólares, golpeando a una economía ya debilitada. El país ahora sufre las consecuencias de haber dependido casi exclusivamente de los ingresos por hidrocarburos nacionalizados en 2006, sin desarrollar otras fuentes de ingreso ni atraer inversiones. Con sus reservas agotadas y una creciente escasez de dólares, el país se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad.

A menos de un año de las elecciones presidenciales, esta combinación de factores presenta un panorama absolutamente inestable.