Mario Schiaffino, abogado penalista, asegura que “En Chile las medidas de protección no se activan automáticamente, la víctima tiene que volver a solicitarlas, lo que la deja expuesta y con miedo”.
Por María Paz Ramírez y Josefina Olivares.
El pasado martes 7 de octubre, Mauricio Ortega, condenado por agredir a Nabila Rifo, recibió libertad condicional, tras mostrar buen comportamiento durante su estadía en el Centro Penitenciario de Coyhaique. Sin embargo, la decisión ha generado preocupación por la seguridad de la víctima, ya que, como indicó el abogado, las medidas de protección no se activan automáticamente.
Tras cumplir aproximadamente 9 años de condena, Ortega logró obtener la libertad condicional gracias al informe de comportamiento generado por gendarmería. Schiaffino explica que la ley de libertad condicional sólo evalúa la conducta del preso, no el riesgo real para la víctima:
“Ese es un vacío grave”
Respecto cómo se acredita que un agresor no vuelva a cometer el delito, el penalista comenta:
“Esa evaluación la hace Gendarmería dentro del propio recinto penitenciario. Es parte de las evaluaciones que hacen los especialistas, pero creo que eso tiene que ver más con asuntos dentro del recinto penitenciario, pero que no logran, a mi juicio, evaluar la reincidencia cuando son delitos de violencia intrafamiliar”.
La abogada de familia, Ignacia Frey, explica que las medidas cautelares tomadas en primera instancia por el tribunal de familia son: la orden de alejamiento, el ingreso a programas de orientación familiar, prohibición de comunicación, etc. Sin embargo, indica que:
“ La gran mayoría de las veces los hechos que se constatan, no son simples situaciones domésticas, sino que constituyen delitos como el maltrato habitual, a veces intento homicidio, o transgresiones más graves, entonces ahí el tribunal traspasa el caso a fiscalía y pasa a ser una causa penal”.
Según la Red Chilena contra la Violencia a la Mujer, el año pasado se registraron 132.000 casos policiales de violencia intrafamiliar (VIF) y al menos 58 agresiones sexuales diarias en las que el 86,3% de las víctimas fueron mujeres y 95% de los agresores fueron hombres. Además, la Biblioteca del Congreso Nacional reportó 120.713 denuncias por VIF en 2024.
Aunque en ocasiones los agresores cumplen su condena, no existe el acompañamiento adecuado para su reinserción social ni para prevenir que vuelvan a cometer delitos. Respecto a esto, Frey destaca la importancia que tiene el tratamiento psicológico durante la libertad condicional en todo tipo de delitos, ya que eso también ayuda a la víctima a sentirse más segura.
No obstante, la falta de recursos otorgados en este ámbito, limitan las posibilidades en los tratamientos para evitar que los privados de libertad, vuelvan a cometer delitos. Schiaffino comentó “ La reinserción no puede ser solo soltar a alguien, sino asegurarse de que no vuelva a dañar”.
En esta línea, la abogada comentó que generalmente a las víctimas les toma tiempo hacer una denuncia:
“Rara vez lo hacen en el primer acto violento, porque tienen la esperanza de que la persona cambie. Es clave en este momento la ayuda de psicólogos o psiquiatras para llevar el proceso, porque algunas mujeres tienden a querer retirar las denuncias, por miedo o directamente son amenazadas”.
Por otro lado, comentó que muchas veces se enfrenta a comentarios de las víctimas, como por ejemplo, “el no fue siempre así”, y añade que:
“Pese a que no quiero generalizar, resulta inevitable: los agresores se caracterizan por que suelen aumentar la violencia con el paso del tiempo. Seguramente no partieron con un golpe, pero sí con un grito o un empujón, algo que al comienzo puede ser muy normalizado”.
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