La comisionada Gloria de Mees afirmó que la CIDH aguarda la aprobación del Estado venezolano para constatar in situ denuncias de tortura y persecución política, que, dijo, se han intensificado desde 2024. El organismo estima 808 detenidos arbitrariamente en el país.
Por Gonzalo Cubillos, Luciano Marambio y Joaquín Villagra
La relatora para Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Gloria de Mees, reiteró este miércoles ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) la solicitud de visitar Venezuela para constatar en terreno vulneraciones a derechos humanos, especialmente en el penitenciario El Helicoide. De Mees señaló este jueves que la CIDH espera que el Estado venezolano apruebe la visita, para documentar denuncias de tortura y persecución política, que, dijo, se han intensificado desde las elecciones de 2024. El organismo estima que al menos 808 personas permanecen detenidas arbitrariamente en el país.
La comisionada de Mees recordó que la CIDH había solicitado formalmente el pasado 16 de septiembre efectuar la visita el último trimestre de 2025, luego de reafirmar que el organismo mantiene “plena competencia sobre Venezuela”.
Lo anterior, pese a que, en 2019, el Estado venezolano se retiró de la OEA, organismo del cual la CIDH forma parte como órgano autónomo encargado de proteger DD. HH.
Sin embargo, la relatora, en su discurso ante la OEA, advirtió que hasta la fecha no han recibido una respuesta del Gobierno de Nicolás Maduro, razón por la cual, según declaró a este medio, decidió insistir.
De Mees aclaró que, de aprobarse, la Comisión solo llevará a cabo la visita si el Ejecutivo venezolano otorga garantías de seguridad y transparencia.
“El Estado debe asegurar la libertad de movimiento, el acceso irrestricto a los centros de detención, (…) reuniones confidenciales con víctimas, familiares y defensores de derechos humanos. Asimismo, (…) que ninguna persona que se haya reunido con la Comisión sufra represalias”, explicó la abogada.
25 medidas cautelares en 2025: el deterioro de derechos humanos que motiva la visita
En lo que va de 2025, la CIDH reporta que ha dictado 25 medidas cautelares; en contraste, durante todo 2024 decretó 23. Dicho aumento, según de Mees, refleja la necesidad urgente de una verificación independiente de la situación humanitaria de Venezuela.
Según el abogado defensor de derechos humanos Kelvi Zambrano, las medidas cautelares son peticiones de la CIDH para proteger a detenidos, desaparecidos o sus familiares, y buscan “visibilizar y evidenciar los casos”. Agregó que rara vez son acatadas por el Estado.
Por ejemplo, la medida más reciente, del 3 de octubre, corresponde al caso de Camilo Castro, un francés que desapareció el 26 de septiembre en la frontera de Venezuela y Colombia.
Zambrano aseveró que, aunque las peticiones son claras, como asegurar que el detenido pueda comunicarse con familiares, ningún mecanismo de protección es efectivo actualmente en Venezuela.
La comisionada de Mees señaló que los antecedentes recopilados por CIDH reflejan un “patrón de graves violaciones de derechos humanos, impunidad institucionalizada y ausencia de mecanismos de justicia independientes“.
Según el informe de CIDH de enero de 2025, sobre vulneraciones en las elecciones de julio de 2024, el Gobierno de Maduro obstaculizó la campaña de la oposición con instituciones públicas y detuvo de forma arbitraria a defensores de DD. HH.
Asimismo, que, tras las elecciones, manifestantes fueron reprimidos, hubo 2000 detenidos y 25 muertos, además de desapariciones forzadas, torturas y lesiones graves.
Expertos: Puede que la visita se rechace, pero tendría gran impacto
Zambrano expresó que es poco probable que el Gobierno de Maduro dé luz verde a la visita, por una “agudización” en las tensiones internacionales y diplomáticas. “El gobierno venezolano no va a permitir el ingreso de la Comisión”, dijo, y añadió que en 2020 la CIDH ni siquiera pudo entrar al vuelo para ir a Venezuela.
Sin embargo, advirtió que, de concretarse, la visita tendría un gran impacto jurídico y político, pues el informe robustecería los expedientes contra el Estado venezolano por graves violaciones a derechos humanos, incluso ante la Corte Penal Internacional.
Para la presidenta de la Asociación Venezolana de Chile, Patricia Rojas, aunque las solicitudes de visita hayan sido rechazadas en 2017 y 2020, “el sistema interamericano debe insistir las veces que sea necesario” para que la de este año ocurra. La última visita, según EFE, fue en 2002.
Rojas, licenciada en relaciones internacionales, enfatizó que la presión internacional será fundamental, aunque explicó que cree que “el cambio en Venezuela debe darse desde adentro”.
Rojas también advirtió que, si la visita se concreta, el informe de la CIDH “debe abarcar más” que la violencia política. A su juicio, deberían documentarse otras vulneraciones a derechos, como en el acceso a salud, educación y alimentación, aunque “sin quitarle importancia” a las condiciones de detención y tortura en El Helicoide.
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