La iniciativa, impulsada por el diputado Andrés Longton (RN), aumenta a 10 años las condenas a menores y baja la edad de imputabilidad a 12 años. La normativa pasará al Senado para su segundo trámite constitucional.
Por Karla Leiva y Fernanda Noemí
El pasado 17 de septiembre, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó un proyecto de ley que endurece las sanciones para jóvenes que cometen delitos graves. La propuesta, presentada por el diputado Andrés Longton (RN), establece que los delitos más graves cometidos por jóvenes de 14 a 16 años tendrán la misma penalidad que los de 16 a 18 años, duplicando las condenas máximas de 5 a 10 años.
La iniciativa busca cambiar la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (N°20.084), este proyecto selecciona 14 delitos de mayor connotación social, entre ellos secuestro con homicidio, sustracción de menores, violación con homicidio, secuestro con extorsión e incendio con resultado de muerte. Para estos casos, la modificación legal elimina los beneficios que diferenciaban a los infractores de menor edad.
La propuesta también propone bajar la edad de imputabilidad de 14 a 12 años y elimina los artículos 18 y 22 de la actual normativa, que limitan las penas privativas de libertad y fijan topes máximos de condena. Según datos de la Fiscalía Nacional, entre 2023 y 2024 el número de adolescentes imputados por delitos graves creció un 9,8%, rompiendo con la tendencia a la baja registrada desde 2019.
Francisca González, Coordinadora de infancia del Centro de Justicia y Sociedad UC, rechaza la efectividad de esta medida y señala que la evidencia apunta en otra dirección. Según explicó, los estudios muestran que el 80% de los adolescentes que cometen delitos dejan de delinquir al llegar a la adultez y solo un 20% persiste en la conducta, un fenómeno conocido como “desistimiento”. Por ello, afirmó que “igualar las penas de los adolescentes con las de los adultos no tiene sentido, porque no hay respaldo neurocientífico ni evidencia en otros países”. Agregó que, si bien hubo un alza puntual postpandemia, la delincuencia juvenil en Chile, en general, viene en descenso desde 2008.
Según el reciente Informe Diagnóstico sobre la situación de derechos de la niñez y adolescencia realizado por Defensoría de la Niñez (2025), el 76% de los adolescentes que pasaron por privación de libertad reingresó al sistema penal, lo que según González sugiere que el modelo actual ya presenta fallas. En contraste, el Informe de Medición de Reincidencia en Sanciones de la Ley N° 20.084 destaca que la Libertad Asistida Especial (una sanción ambulatoria con acompañamiento intensivo) presenta las tasas más bajas de reincidencia, reforzando la idea de que las intervenciones apoyadas son más efectivas.
Desde la Subsecretaría de Prevención del Delito también expresaron dudas sobre el impacto de la iniciativa, se argumentó que no se justifica modificar el sistema ahora, ya que “no tiene mucho sentido cambiar algo que todavía no está completamente finalizado”, refiriéndose a la implementación gradual del nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. Un miembro de la organización apuntó que este tipo de proyectos suelen responder a una lógica de “populismo penal”, que genera expectativas sin mejorar la seguridad real, y puntualizó: “No hay recetas mágicas: el aumento de penas, por sí solo, no resuelve la delincuencia”
El proyecto fue despachado al Senado, donde deberá enfrentar su segundo trámite legislativo. De aprobarse, la nueva normativa entraría en vigencia el 13 de enero de 2026, en paralelo al proceso de implementación del Sistema de Reinserción Social Juvenil que reemplaza al Sename.
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