El ejercicio del derecho a voto es la piedra angular de la ciudadanía, pero para miles de personas con discapacidad (PcD) en Chile, este acto fundamental se convierte en una odisea marcada por la frustración y la dependencia .
Nota escrita por Vicente Cisternas y Josefina Olivares.
A pesar de los avances normativos y la existencia del Voto Asistido, la realidad en los locales de votación durante las elecciones presidenciales revela una profunda brecha entre la ley y su aplicación, exponiendo la simulación de la inclusión y la persistencia de barreras estructurales que limitan la participación plena en el proceso electoral. La visión crítica de este panorama se sustenta en la evidencia de que las medidas de accesibilidad a menudo son insuficientes, improvisadas o mal implementadas.
La Ley N° 20.422 y los protocolos del SERVEL son un marco teórico loable, pero la práctica demuestra que la accesibilidad universal sigue siendo una meta lejana. La mayoría de los locales de votación, al no haber sido diseñados bajo criterios de inclusión, presentan obstáculos insalvables: escaleras sin rampas adecuadas, señalética inexistente o confusa, y cámaras de votación con dimensiones que impiden el ingreso de sillas de ruedas o la asistencia cómoda.
Delegada del local de votación del colegio de San Fernando, Constanza Rojas, refuerza esta crítica al comentar que:
“Este año decidimos dejar prácticamente todas las mesas en el primer piso, porque el colegio no cuenta con las adecuaciones necesarias para que una persona en silla de ruedas pueda subir”, explica. “Si no, debemos recurrir al voto asistido, habilitando una zona especial para atenderlos, porque no existe una infraestructura realmente accesible”.
Esta deficiencia no es una mera falla logística, sino un reflejo de la falta de prioridad real que se le otorga a la accesibilidad en la planificación electoral. El Estudio sobre accesibilidad al voto de personas con discapacidad , realizado por el Centro de Desarrollo de Tecnologías de Inclusión (CEDETi UC), pone en evidencia estas fallas. El informe, que documenta la experiencia de PcD en el proceso electoral, señala problemas concretos como el tamaño inadecuado de la cámara de votación y la altura poco accesible de la mesa para sufragar. Más aún, el estudio critica la necesidad de acreditar la discapacidad para solicitar el voto asistido, un requisito que, lejos de facilitar, impone una carga burocrática y estigmatizante al votante.
El mecanismo del Voto Asistido, que debería ser un facilitador de la autonomía, se transforma a menudo en un símbolo de la dependencia forzada. La necesidad de ser acompañado por un tercero, incluso de confianza, compromete el principio fundamental del secreto del voto, un pilar de la democracia. Para muchas PcD, la falta de opciones verdaderamente autónomas, como máquinas de votación accesibles o papeletas en formatos alternativos (más allá del Braille, que no es universal para todas las discapacidades visuales), significa que su participación está condicionada a la ayuda de otros, mermando su dignidad cívica.
Además, la capacitación del personal electoral es notoriamente inconsistente. La falta de sensibilización sobre las diversas discapacidades y la aplicación rígida de protocolos generan situaciones de incomodidad, discriminación o, en el peor de los casos, la negación del derecho a sufragio. Cuando el personal no está preparado, la inclusión se reduce a un acto de caridad o favor, y no al reconocimiento de un derecho.
La frustración ante estas barreras se manifiesta en la baja participación. El encargado de la Fundación Chilena para la Discapacidad, Matías Poblete, afirmó que:
“Cada elección recibimos apenas cinco o seis denuncias, pero ese número no refleja la realidad, mucha gente no reclama o no sabe dónde hacerlo”
Lo que ilustra la decepción que genera el sistema. Además Poblete agrega :
Lo que evidencia que la promesa de la ley se desvanece ante la realidad de la jornada electoral.
En la misma línea, el delegado electoral del local del Liceo de Tajamar, Pablo Mettroz, reconoce que:
“Todo depende de la infraestructura del colegio; nosotros usamos lo que hay”. Aunque destaca rampas y ascensor, advierte que “si el ascensor falla, dependemos de un técnico de la municipalidad para repararlo”. También señala que “hay mesas con vocales sin experiencia, lo que genera filas largas y molestias, especialmente para personas con movilidad reducida”.
En conclusión, mientras Chile se enorgullece de sus avances democráticos, la realidad de la inclusión electoral para las personas con discapacidad es un recordatorio de la deuda pendiente. Es imperativo que las autoridades electorales y el Estado dejen de conformarse con soluciones paliativas y asuman la accesibilidad universal como un requisito de diseño fundamental, garantizando que el derecho a voto sea, sin excepciones ni dependencias, un ejercicio pleno de la ciudadanía.
