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Luego de tres años de espera, la Corte de Apelaciones de Valdivia acogió en su integridad la acción constitucional presentada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, fallo que reconoce patrones de revictimización y ordena transformaciones estructurales en seis meses.

Por Constanza Carrasco y Macarena Lazo

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), después de tres años en tramitación, logró que la Corte de Apelaciones de Valdivia acogiera un recurso de protección interpuesto en representación de una suboficial de la Armada que fue sancionada tras denunciar una violación. La sentencia, basada en evidencia internacional sobre acoso laboral, calificó los hechos como “violencia institucional” y ordenó la modificación del reglamento disciplinario naval.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), después de tres años en tramitación, logró que la Corte de Apelaciones de Valdivia acogiera un recurso de protección interpuesto en representación de una suboficial de la Armada que fue sancionada tras denunciar una violación. La sentencia, basada en evidencia internacional sobre acoso laboral, calificó los hechos como “violencia institucional” y ordenó la modificación del reglamento disciplinario naval.

Los antecedentes del caso se remontan a noviembre de 2022, cuando la funcionaria naval participó en una ceremonia de ascenso en Valdivia donde, según consta en los registros judiciales, ingirió una bebida de composición desconocida y posteriormente habría sido violada por un superior. Al denunciar los hechos, la Armada inició un sumario que culminó con una sanción disciplinaria en su contra por “abuso de confianza”, bajo el argumento de que su comportamiento durante la celebración –específicamente un baile calificado como “provocativo”– había “propiciado” la agresión.

Los antecedentes del caso se remontan a noviembre de 2022, cuando la funcionaria naval participó en una ceremonia de ascenso en Valdivia donde, según consta en los registros judiciales, ingirió una bebida de composición desconocida y posteriormente habría sido violada por un superior. Al denunciar los hechos, la Armada inició un sumario que culminó con una sanción disciplinaria en su contra por “abuso de confianza”, bajo el argumento de que su comportamiento durante la celebración –específicamente un baile calificado como “provocativo”– había “propiciado” la agresión.

El seguimiento del INDH y desafíos pendientes

Consultada sobre los mecanismos de seguimiento que utilizará el INDH para asegurar que la modificación normativa ordene sustantiva, Constanza Montt, jefa regional del organismo en Los Ríos, detalló que implementarán “monitoreo normativo y técnico, documentación y evaluación de prácticas institucionales, y seguimiento público con rendición de cuentas”. Explicó que su rol será “asegurar que estos cambios eliminen efectivamente la discrecionalidad y las prácticas que permitieron vulneraciones”, mediante revisión periódica de avances, análisis jurídico de borradores y observaciones formales cuando corresponda.

Sobre las condiciones actuales para que funcionarias de las Fuerzas Armadas denuncien delitos sexuales, Montt fue enfática “mientras esa cultura institucional patriarcal no cambie, no podemos afirmar que existan condiciones plenas de seguridad para denunciar”. La representante del INDH evaluó que “hoy el sistema disciplinario aún puede generar riesgos para las víctimas”, señalando que “la estructura jerárquica y la vigencia del Reglamento actual mantienen espacios donde pueden producirse represalias, naturalización de la violencia y desconfianza hacia los canales internos”.

Fundamentación académicos y análisis jurídico

La fundamentación del tribunal citó estudios académicos que avalan la posición del INDH. Se refirió al meta-análisis de Willness, Steel y Lee, publicando en Personnel Psychology (2007), que demuestra que el “clima organizacional para el acoso sexual” es el principal predictor de su ocurrencia.

Esta investigación, que sintetiza datos de 70.000 personas, establece correlaciones entre ambientes laborales permisivos y consecuencias como estrés postraumático y disminución del rendimiento laboral.

Asimismo, la sentencia incorporó los análisis de Laura Masson sobre integración femenina en fuerzas armadas. La experta argentina identifica en su Policy Brief “Perspectiva de género en las fuerzas armadas y seguridad” (2020) mecanismos de resistencia como la “evaporación” de políticas de género y el “acoso burocrático”, patrones que coinciden con lo documentado por el INDH en este caso.

En cuanto a lo jurídico, el abogado especialista en Penal y Laboral, Henry Chaura, cuenta que en una denuncia de violación quien debería haber tomado el procedimiento era Carabineros o Policía de Investigación (PDI) y posteriormente se derivaban los antecedentes al Ministerio Público, hecho que no ocurrió y terminó en una modificación del Reglamento de Disciplina de la Armada y sin ningún tipo de sanción para el presunto agresor por delito de violación.

Entre las medidas ordenadas se incluye la supresión de todos los registros disciplinarios de la víctima, la implementación de un plan de formación en género con el Ministerio de la Mujer y la revisión integral del reglamento naval. Respecto al presunto agresor, la Corte dispuso el envío de antecedentes a la Contraloría General para la investigación sumaria correspondiente.

Entre las medidas ordenadas se incluye la supresión de todos los registros disciplinarios de la víctima, la implementación de un plan de formación en género con el Ministerio de la Mujer y la revisión integral del reglamento naval. Respecto al presunto agresor, la Corte dispuso el envío de antecedentes a la Contraloría General para la investigación sumaria correspondiente.

Además, Chaura indica que “el encargado de vigilar que el Ministerio de Defensa modifique el Reglamento de Disciplina de la Armada en seis meses, es el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo“. Agrega también, que si esto no se cumple en el plazo “primero se tiene que advertir y posteriormente hay que ver quién es el encargado para tomar las sanciones administrativas correspondientes. Hay que abrir una investigación sumaria o un sumario administrativo para determinar la responsabilidad y las sanciones.”

Uno de los grandes desafíos que plantea el abogado es “realizar los resguardos necesarios para que la investigación, de si es que efectivamente fue cierto, se pueda develar. Porque hoy en día no están los mecanismos adecuados para poder tomar resguardos.”

Chaura asegura que el Instituto Nacional de Derechos Humanos es una institución que no está funcionando bien al tomar sus prioridades y no está apoyando a las víctimas.

El cumplimiento de este fallo marcará un precedente en la supervisión civil sobre los reglamentos castrenses, en un proceso que será monitoreado no solo por el organismo, sino por la sociedad en su conjunto.