Un informe de Amnistía Internacional (AI) exige a las autoridades del país a poner fin a prácticas autoritarias de opresión que afectan de manera específica y diferenciada a mujeres que ejercen activismo, periodismo y defensa de derechos humanos.
Por: Maite Cabrera y Rafaela Smith
En un informe de Amnistía Internacional (AI), investigación Nos quieren calladas, pero seguimos resistiendo, se detalla cómo se analizaron 52 casos de represión que el Estado de Cuba ejecutó en contra de mujeres que promueven el cumplimiento de los derechos. En el documento se exige el fin inmediato de la violencia de género constitucional contra las mujeres, así como la adopción de una ley integral contra la violencia de género con medidas específicas de protección y una vigilancia sostenida sobre su situación.
El texto estudia hechos ocurridos entre 2014 y 2025, en el cual dan a conocer las distintas formas en las que el Estado cubano somete a las mujeres cuando expresan su opinión o desafían las normas establecidas. Según la nota sobre el informe de la AI, las autoridades utilizan frecuentemente los desnudos forzados, registros corporales invasivos, estigmatización por género, edad y orientación sexual, uso de la maternidad, las labores de cuidado y las amenazas contra sus familiares como mecanismos de intimidación y control.
La investigadora del Caribe de Amnistía Internacional, Johanna Cilano Peláez, afirmó que en el país se utiliza como insulto la maternidad y los roles de cuidado. Tras esto, se determina que este patrón no es incidental, sino estructural y sostenido, y que el Estado usa todo su aparato de entidades legalmente reconocidas para ejercer la represión de manera sistemática.
Por otro lado, Cilano afirmó: “Amnistía concluye que el Estado cubano incumple sus obligaciones en materia de derecho internacional en términos de violencia de género al no prevenir, proteger, sancionar y erradicar la violencia de género, no garantizar la participación en la vida pública de las mujeres y coartar su derecho a vivir una vida libre de violencia”. Además, cabe recalcar que Cuba aún no reconoce el feminicidio como un delito aislado, a pesar de que los movimientos feministas internacionales y nacionales le han solicitado al Estado varias veces una ley contra la violencia de género.
Violencia basada en el género
“Los primeros que te maltratan son los primeros que se supone te tienen que proteger”, declaró Ivonne Tayano, cubana de 52 años, quien, por decirle a un policía cubano que no le hablara de manera irrespetuosa, fue arrestada. “Él reaccionó violentamente, se quitó el casco y los guantes de manera agresiva y me llevó a la unidad policial, diciéndome: Tú te vas presa”. Concluye que, de no haber contado con alguien con influencia dentro de la policía, podría haberse enfrentado hasta a diez años de cárcel.
Tayano concluyó que en Cuba no existen leyes que protejan realmente a las mujeres, ni siquiera en áreas tan básicas como la atención médica. “Para parir lo hacemos sin anestesia”, agregando que tuvo dos partos de este tipo, los cuales fueron instrumentales (con fórceps) con un corte de 13 puntos, según ella, “a sangre fría”. “Al hombre lo reprimen si habla contra el Estado, pero para lo demás, para las mujeres es horroroso”, declaró.
El Observatorio de Derechos Humanos en Cuba (OCDH) realizó una investigación en la cual se determinó que, “decenas de mujeres cubanas permanecen encarceladas por motivos políticos, muchas de ellas detenidas tras participar en manifestaciones pacíficas, denunciar abusos del Estado o ejercer su derecho a la libertad de expresión y asociación”. Estas mujeres son sometidas a procesos judiciales sin garantías, con cargos manipulados como desórdenes públicos, desacato o sedición, y sancionadas con penas excesivas.
Por su parte, indicó además que el país caribeño aún tiene compromisos necesarios para el crecimiento social y político del territorio. Y que, idealmente, se implemente un protocolo en contra de la tortura, además de adoptar una postura más abierta al control internacional que permita la intervención de organismos que defiendan los derechos humanos.
