Con sede en el Estadio Nacional, el listado final que se enfrenta durante la semana destaca a jóvenes figuras que desean resaltar en la escena deportiva.
Por: Josefina Olivares y Elías Sánchez
Fecha: 4 de diciembre de 2025
Durante esta semana, en el Centro de Tenis y Raquetas del Estadio Nacional, se disputa la tercera edición del Nacional de Menores Copa BancoEstado. Apoyada por el Instituto Nacional de Deporte (IND), la competencia agrupa a jóvenes de distintas regiones del país divididos en diferentes categorías, desde los 10 hasta los 18 años.
En la jornada del jueves 4 de diciembre, se dio inicio a las categorías de 10 y 18 años, haciendo su debut en la competencia. Según los datos del sistema de registro de la Federación de Tenis de Chile (FETECH), los competidores se enfrentarán en diferentes fases.
Los varones y damas de 18 disputando en los octavos de final, los de 10, 12 y 16 años participando en los cuartos, mientras que los semis se realizan en duplas.
Oportunidades de formación
Según la misma institución deportiva – en un comunicado oficial – a los campeones de las categorías de 14, 16 y 18 años se les entregará un premio consistente en el canje de pasajes de avión por un valor de hasta $500.000.
Pero no solo incluye una recompensa económica; además, los jóvenes aspirantes que lleguen a los mejores lugares del circuito podrán acceder a beneficios exclusivos.
De acuerdo al reglamento oficial del circuito de menores 2025, la FETECH será encargada de elegir a jugadores que podrán representar al país en competencias internacionales.
Sin embargo, se advirtió que la selección no es automática, indicando que se podría excluir una nominación“a cualquier jugador que tenga un historial negativo de comportamiento, ya sea por el mismo jugador o por su entorno”.
En el caso de la categoría 10 años, la Federación Internacional de Tenis (ITF) recomendó no entregar premios ni tener rankings oficiales. Aun así, su recompensa es medir el desarrollo técnico y competitivo de los jugadores a nivel nacional.
Jóvenes con potencial competitivo
Con una gran participación de 216 aspirantes jóvenes, la competencia deja en claro que busca nuevo talento que evolucione a futuros jugadores que se destaquen en la escena profesional.
Guillermo Gómez, Head Coach de la federación chilena, afirmó que el nivel de los competidores es bueno y se ha mantenido de esta manera durante los últimos 12 meses.
Créditos: La Tercera. Guillermo Gómez
“El nivel es bueno, lo mejor que tenemos en Chile y sin duda este tercer nacional es un poco el término del año y todo lo que han mostrado durante estos 12 meses ha sido bueno. Así que más o menos el nivel es alto y lo que estamos viendo es que va bien”.
También, estimó que varias de las generaciones que están compitiendo hoy tienen el potencial para dar el salto al ámbito profesional.
Potencial sin respaldo suficiente
En contraste, el ex tenista y entrenador argentino nacionalizado chileno, Horacio de la Peña, afirmó que lo que los jóvenes tenistas anhelan es llegar a los circuitos profesionales, sin embargo destacó la falta de financiamiento económico y la carencia de herramientas aptas para fomentar sus carreras.
Créditos: CLAY. Horacio de la Peña
“Para empezar en el tenis profesional tienen que tener un buen contenido […] No significa pegarle un buen tiro, o tener una buena carrera juniors, significa que tus herramientas sean lo suficientemente buenas como para entrar al nivel profesional”.
Además, recalcó en la dificultad que algunos tienen la posibilidad de entrar pero no hacer despegar sus carreras en la escena profesional. A pesar de esto, destacó que el futuro del tenis chileno no está perdido, y que solo falta un mejor contenido de apoyo a los jugadores.
Luego de tres años de espera, la Corte de Apelaciones de Valdivia acogió en su integridad la acción constitucional presentada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, fallo que reconoce patrones de revictimización y ordena transformaciones estructurales en seis meses.
Por Constanza Carrasco y Macarena Lazo
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), después de tres años en tramitación, logró que la Corte de Apelaciones de Valdivia acogiera un recurso de protección interpuesto en representación de una suboficial de la Armada que fue sancionada tras denunciar una violación. La sentencia, basada en evidencia internacional sobre acoso laboral, calificó los hechos como “violencia institucional” y ordenó la modificación del reglamento disciplinario naval.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), después de tres años en tramitación, logró que la Corte de Apelaciones de Valdivia acogiera un recurso de protección interpuesto en representación de una suboficial de la Armada que fue sancionada tras denunciar una violación. La sentencia, basada en evidencia internacional sobre acoso laboral, calificó los hechos como “violencia institucional” y ordenó la modificación del reglamento disciplinario naval.
Los antecedentes del caso se remontan a noviembre de 2022, cuando la funcionaria naval participó en una ceremonia de ascenso en Valdivia donde, según consta en los registros judiciales, ingirió una bebida de composición desconocida y posteriormente habría sido violada por un superior. Al denunciar los hechos, la Armada inició un sumario que culminó con una sanción disciplinaria en su contra por “abuso de confianza”, bajo el argumento de que su comportamiento durante la celebración –específicamente un baile calificado como “provocativo”– había “propiciado” la agresión.
Los antecedentes del caso se remontan a noviembre de 2022, cuando la funcionaria naval participó en una ceremonia de ascenso en Valdivia donde, según consta en los registros judiciales, ingirió una bebida de composición desconocida y posteriormente habría sido violada por un superior. Al denunciar los hechos, la Armada inició un sumario que culminó con una sanción disciplinaria en su contra por “abuso de confianza”, bajo el argumento de que su comportamiento durante la celebración –específicamente un baile calificado como “provocativo”– había “propiciado” la agresión.
El seguimiento del INDH y desafíos pendientes
Consultada sobre los mecanismos de seguimiento que utilizará el INDH para asegurar que la modificación normativa ordene sustantiva, Constanza Montt, jefa regional del organismo en Los Ríos, detalló que implementarán “monitoreo normativo y técnico, documentación y evaluación de prácticas institucionales, y seguimiento público con rendición de cuentas”. Explicó que su rol será “asegurar que estos cambios eliminen efectivamente la discrecionalidad y las prácticas que permitieron vulneraciones”, mediante revisión periódica de avances, análisis jurídico de borradores y observaciones formales cuando corresponda.
Sobre las condiciones actuales para que funcionarias de las Fuerzas Armadas denuncien delitos sexuales, Montt fue enfática “mientras esa cultura institucional patriarcal no cambie, no podemos afirmar que existan condiciones plenas de seguridad para denunciar”. La representante del INDH evaluó que “hoy el sistema disciplinario aún puede generar riesgos para las víctimas”, señalando que “la estructura jerárquica y la vigencia del Reglamento actual mantienen espacios donde pueden producirse represalias, naturalización de la violencia y desconfianza hacia los canales internos”.
Fundamentación académicos y análisis jurídico
La fundamentación del tribunal citó estudios académicos que avalan la posición del INDH. Se refirió al meta-análisis de Willness, Steel y Lee, publicando en Personnel Psychology (2007), que demuestra que el “clima organizacional para el acoso sexual” es el principal predictor de su ocurrencia.
Esta investigación, que sintetiza datos de 70.000 personas, establece correlaciones entre ambientes laborales permisivos y consecuencias como estrés postraumático y disminución del rendimiento laboral.
Asimismo, la sentencia incorporó los análisis de Laura Masson sobre integración femenina en fuerzas armadas. La experta argentina identifica en su Policy Brief “Perspectiva de género en las fuerzas armadas y seguridad” (2020) mecanismos de resistencia como la “evaporación” de políticas de género y el “acoso burocrático”, patrones que coinciden con lo documentado por el INDH en este caso.
En cuanto a lo jurídico, el abogado especialista en Penal y Laboral, Henry Chaura, cuenta que en una denuncia de violación quien debería haber tomado el procedimiento era Carabineros o Policía de Investigación (PDI) y posteriormente se derivaban los antecedentes al Ministerio Público, hecho que no ocurrió y terminó en una modificación del Reglamento de Disciplina de la Armada y sin ningún tipo de sanción para el presunto agresor por delito de violación.
Entre las medidas ordenadas se incluye la supresión de todos los registros disciplinarios de la víctima, la implementación de un plan de formación en género con el Ministerio de la Mujer y la revisión integral del reglamento naval. Respecto al presunto agresor, la Corte dispuso el envío de antecedentes a la Contraloría General para la investigación sumaria correspondiente.
Entre las medidas ordenadas se incluye la supresión de todos los registros disciplinarios de la víctima, la implementación de un plan de formación en género con el Ministerio de la Mujer y la revisión integral del reglamento naval. Respecto al presunto agresor, la Corte dispuso el envío de antecedentes a la Contraloría General para la investigación sumaria correspondiente.
Además, Chaura indica que “el encargado de vigilar que el Ministerio de Defensa modifique el Reglamento de Disciplina de la Armada en seis meses, es el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo“. Agrega también, que si esto no se cumple en el plazo “primero se tiene que advertir y posteriormente hay que ver quién es el encargado para tomar las sanciones administrativas correspondientes. Hay que abrir una investigación sumaria o un sumario administrativo para determinar la responsabilidad y las sanciones.”
Uno de los grandes desafíos que plantea el abogado es “realizar los resguardos necesarios para que la investigación, de si es que efectivamente fue cierto, se pueda develar. Porque hoy en día no están los mecanismos adecuados para poder tomar resguardos.”
Chaura asegura que el Instituto Nacional de Derechos Humanos es una institución que no está funcionando bien al tomar sus prioridades y no está apoyando a las víctimas.
El cumplimiento de este fallo marcará un precedente en la supervisión civil sobre los reglamentos castrenses, en un proceso que será monitoreado no solo por el organismo, sino por la sociedad en su conjunto.
El ejercicio del derecho a voto es la piedra angular de la ciudadanía, pero para miles de personas con discapacidad (PcD) en Chile, este acto fundamental se convierte en una odisea marcada por la frustración y la dependencia .
Nota escrita por Vicente Cisternas y Josefina Olivares.
A pesar de los avances normativos y la existencia del Voto Asistido, la realidad en los locales de votación durante las elecciones presidenciales revela una profunda brecha entre la ley y su aplicación, exponiendo la simulación de la inclusión y la persistencia de barreras estructurales que limitan la participación plena en el proceso electoral. La visión crítica de este panorama se sustenta en la evidencia de que las medidas de accesibilidad a menudo son insuficientes, improvisadas o mal implementadas.
La Ley N° 20.422 y los protocolos del SERVEL son un marco teórico loable, pero la práctica demuestra que la accesibilidad universal sigue siendo una meta lejana. La mayoría de los locales de votación, al no haber sido diseñados bajo criterios de inclusión, presentan obstáculos insalvables: escaleras sin rampas adecuadas, señalética inexistente o confusa, y cámaras de votación con dimensiones que impiden el ingreso de sillas de ruedas o la asistencia cómoda.
Delegada del local de votación del colegio de San Fernando, Constanza Rojas, refuerza esta crítica al comentar que:
“Este año decidimos dejar prácticamente todas las mesas en el primer piso, porque el colegio no cuenta con las adecuaciones necesarias para que una persona en silla de ruedas pueda subir”, explica. “Si no, debemos recurrir al voto asistido, habilitando una zona especial para atenderlos, porque no existe una infraestructura realmente accesible”.
Esta deficiencia no es una mera falla logística, sino un reflejo de la falta de prioridad real que se le otorga a la accesibilidad en la planificación electoral. El Estudio sobre accesibilidad al voto de personas con discapacidad, realizado por el Centro de Desarrollo de Tecnologías de Inclusión (CEDETi UC), pone en evidencia estas fallas. El informe, que documenta la experiencia de PcD en el proceso electoral, señala problemas concretos como el tamaño inadecuado de la cámara de votación y la altura poco accesible de la mesa para sufragar. Más aún, el estudio critica la necesidad de acreditar la discapacidad para solicitar el voto asistido, un requisito que, lejos de facilitar, impone una carga burocrática y estigmatizante al votante.
Imagen tomada por Josefina Olivares.
El mecanismo del Voto Asistido, que debería ser un facilitador de la autonomía, se transforma a menudo en un símbolo de la dependencia forzada. La necesidad de ser acompañado por un tercero, incluso de confianza, compromete el principio fundamental del secreto del voto, un pilar de la democracia. Para muchas PcD, la falta de opciones verdaderamente autónomas, como máquinas de votación accesibles o papeletas en formatos alternativos (más allá del Braille, que no es universal para todas las discapacidades visuales), significa que su participación está condicionada a la ayuda de otros, mermando su dignidad cívica.
Además, la capacitación del personal electoral es notoriamente inconsistente. La falta de sensibilización sobre las diversas discapacidades y la aplicación rígida de protocolos generan situaciones de incomodidad, discriminación o, en el peor de los casos, la negación del derecho a sufragio. Cuando el personal no está preparado, la inclusión se reduce a un acto de caridad o favor, y no al reconocimiento de un derecho.
La frustración ante estas barreras se manifiesta en la baja participación. El encargado de la Fundación Chilena para la Discapacidad, Matías Poblete, afirmó que:
“Cada elección recibimos apenas cinco o seis denuncias, pero ese número no refleja la realidad, mucha gente no reclama o no sabe dónde hacerlo”
Lo que ilustra la decepción que genera el sistema. Además Poblete agrega :
Lo que evidencia que la promesa de la ley se desvanece ante la realidad de la jornada electoral.
En la misma línea, el delegado electoral del local del Liceo de Tajamar, Pablo Mettroz, reconoce que:
“Todo depende de la infraestructura del colegio; nosotros usamos lo que hay”. Aunque destaca rampas y ascensor, advierte que “si el ascensor falla, dependemos de un técnico de la municipalidad para repararlo”. También señala que “hay mesas con vocales sin experiencia, lo que genera filas largas y molestias, especialmente para personas con movilidad reducida”.
En conclusión, mientras Chile se enorgullece de sus avances democráticos, la realidad de la inclusión electoral para las personas con discapacidad es un recordatorio de la deuda pendiente. Es imperativo que las autoridades electorales y el Estado dejen de conformarse con soluciones paliativas y asuman la accesibilidad universal como un requisito de diseño fundamental, garantizando que el derecho a voto sea, sin excepciones ni dependencias, un ejercicio pleno de la ciudadanía.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) examinó 3.000 publicaciones de X, que opinan sobre las elecciones presidenciales de 2025, donde el 59% eran mensajes en contra de mujeres que están en política. Como es el caso de las candidatas presidenciales u otras líderes de opinión.
Por: Nicole Guichard y Mathias Cerón
El pasado 4 de noviembre, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de Chile lanzó una iniciativa llamada “Infórmate con responsabilidad, participa con integridad”, enfocándose en el marco de las elecciones presidenciales de 2025. La campaña analizó alrededor de 3.000 publicaciones de X entre el 17 de septiembre y el 1 de octubre. En esta, Valentina Salas, jefa del Área de Gobernanza y Territorio del PNUD en Chile, reveló que el 59% de los ataques son dirigidos a mujeres en política o a líderes de opinión, lo que haría que dos de cada tres ataques están dirigidos a ellas.
Según el Director de la Fundación Momento Ciudadano, la cual es una organización de la sociedad civil que busca promover una educación cívica y democrática, Rodrigo Mayorga, el hecho de que la mayoría de los ataques en redes se dirijan a mujeres“refleja una realidad y una desigualdad estructural de género que existe en Chile”. Esto sería una exclusión persistente hacia las mujeres del espacio político. Adicionalmente, en una entrevista a Cooperativa, Valentina Salas también mencionó que muchas veces los mensajes analizados eran con ofensas a la identidad de género o al cuerpo femenino, buscando “deshumanizar” a la adversaria política.
Para la coordinadora del Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género, y diplomada en comunicación política y educación mediática en CLACSO, Fabiola Gutiérrez, estos datos y los tipos de mensajes emitidos reflejan un patrón estructural: “No es solo acoso, es una manera de disciplinar a las mujeres que opinan y lideran, generando miedo, autocensura y abandono de espacios de decisión”, señaló. Desde la perspectiva de Gutiérrez, este tipo de violencia “empobrece la democracia”, porque reduce las voces femeninas en la discusión pública.
De la misma manera, Mayorga explica que, por estos ataques, las mujeres se desincentivan a participar y postular en la política y reducen aún más su presencia en la competencia electoral. En consecuencia, la violencia digital no solo refleja la desigualdad existente, sino que también la profundiza al limitar la representación política femenina.
“Los ataques hacia mujeres, yo creo que nos refleja una realidad y una desigualdad estructural de género que existe en Chile. En el sentido de, primero, el nivel de ataques que reciben las mujeres en relación a los hombres, y segundo, el cómo muchas veces a la mujer se le excluye del espacio político”.
Respecto a la violencia simbólica, la especialista Gutiérrez señaló que “es la más invisible, pero también la más naturalizada”, a lo que comenta que: “Se expresa en memes, burlas y discursos que ridiculizan a las mujeres o reproducen estereotipos de género, y durante los periodos electorales esto se intensifica. Por eso los medios, los partidos y las campañas deben asumir un compromiso ético: formar comunicadores con enfoque no sexista y promover observatorios que visibilicen estas prácticas”, enfatizó.
La violencia digital alimenta la desconfianza política
Otros datos importantes que reveló el análisis de PNUD fueron que el 49% de los comentarios estaban dirigidos a candidatos y candidatas presidenciales, y en menor medida, al poder ejecutivo, partidos políticos y congreso. Aunque el principal motivador de toxicidad en la conversación digital fue la afiliación política, alcanzando el 69% del total de publicaciones con contenido violento.
Infografía con datos de la campaña del PNUD; 49% de los comentarios estaban dirigidos a poderes políticos. (infografía y créditos de: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de Chile).
Infografía con datos de la campaña del PNUD; 69% del total de publicaciones con contenido violento y alusivo a cierta afiliación política. (infografía y créditos de: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de Chile).
También, Rodrigo Mayorga alude a que los discursos violentos apelan a emociones como la rabia e indignación, pero sin soluciones reales, sino que solo aumentan esa misma “rabia”. Esto provoca una frustración que hace creer que “toda la política es igual”, lo que reduce la confianza en las instituciones democráticas y disminuye la participación ciudadana.
Mayorga añade que esta disminución se debe a la desconfianza en las instituciones. Además, hoy muchas campañas usan estrategias basadas en “emociones fuertes” porque resultan efectivas. Así, los candidatos que emplean estos discursos son electos; otros políticos imitan este estilo para obtener el mismo éxito.
Por otro lado, Gutiérrez destacó que la campaña del PNUD“marca un paso importante” al instalar la idea de responsabilidad informativa y ética digital, pero advirtió que las normas vigentes aún no bastan:
“La legislación chilena es insuficiente. No basta con castigar: se debe prevenir y reparar. Eso implica educación digital con enfoque de género, protocolos de respuesta en las plataformas, desde una mirada de derechos humanos, un acompañamiento legal y psicológico a las víctimas y campañas que promuevan una ciudadanía digital respetuosa”.
Finalmente, Mayorga menciona que las iniciativas del PNUD pueden ayudar a moderar la polarización al entregar herramientas para identificar y enfrentar discursos que se viralizan rápidamente, pero solo funcionan como contención. Añade que, para un cambio real, se requeriría una transformación más profunda. Por ejemplo, que la ciudadanía deje de premiar estos discursos y que los medios revisen qué contenidos priorizan. Mientras los mensajes polarizantes sigan siendo efectivos electoralmente, las candidaturas tendrán incentivos para usarlos.
Mario Schiaffino, abogado penalista, asegura que “En Chile las medidas de protección no se activan automáticamente, la víctima tiene que volver a solicitarlas, lo que la deja expuesta y con miedo”.
Por María Paz Ramírez y Josefina Olivares.
El pasado martes 7 de octubre, Mauricio Ortega, condenado por agredir a Nabila Rifo, recibió libertad condicional, tras mostrar buen comportamiento durante su estadía en el Centro Penitenciario de Coyhaique. Sin embargo, la decisión ha generado preocupación por la seguridad de la víctima, ya que, como indicó el abogado, las medidas de protección no se activan automáticamente.
Tras cumplir aproximadamente 9 años de condena, Ortega logró obtener la libertad condicional gracias al informe de comportamiento generado por gendarmería. Schiaffino explica que la ley de libertad condicional sólo evalúa la conducta del preso, no el riesgo real para la víctima:
“Ese es un vacío grave”
Respecto cómo se acredita que un agresor no vuelva a cometer el delito, el penalista comenta:
“Esa evaluación la hace Gendarmería dentro del propio recinto penitenciario. Es parte de las evaluaciones que hacen los especialistas, pero creo que eso tiene que ver más con asuntos dentro del recinto penitenciario, pero que no logran, a mi juicio, evaluar la reincidencia cuando son delitos de violencia intrafamiliar”.
La abogada de familia, Ignacia Frey, explica que las medidas cautelares tomadas en primera instancia por el tribunal de familia son: la orden de alejamiento, el ingreso a programas de orientación familiar, prohibición de comunicación, etc. Sin embargo, indica que:
“ La gran mayoría de las veces los hechos que se constatan, no son simples situaciones domésticas, sino que constituyen delitos como el maltrato habitual, a veces intento homicidio, o transgresiones más graves, entonces ahí el tribunal traspasa el caso a fiscalía y pasa a ser una causa penal”.
Aunque en ocasiones los agresores cumplen su condena, no existe el acompañamiento adecuado para su reinserción social ni para prevenir que vuelvan a cometer delitos. Respecto a esto, Frey destaca la importancia que tiene el tratamiento psicológico durante la libertad condicional en todo tipo de delitos, ya que eso también ayuda a la víctima a sentirse más segura.
No obstante, la falta de recursos otorgados en este ámbito, limitan las posibilidades en los tratamientos para evitar que los privados de libertad, vuelvan a cometer delitos. Schiaffino comentó “ La reinserción no puede ser solo soltar a alguien, sino asegurarse de que no vuelva a dañar”.
En esta línea, la abogada comentó que generalmente a las víctimas les toma tiempo hacer una denuncia:
“Rara vez lo hacen en el primer acto violento, porque tienen la esperanza de que la persona cambie. Es clave en este momento la ayuda de psicólogos o psiquiatras para llevar el proceso, porque algunas mujeres tienden a querer retirar las denuncias, por miedo o directamente son amenazadas”.
Por otro lado, comentó que muchas veces se enfrenta a comentarios de las víctimas, como por ejemplo, “el no fue siempre así”, y añade que:
“Pese a que no quiero generalizar, resulta inevitable: los agresores se caracterizan por que suelen aumentar la violencia con el paso del tiempo. Seguramente no partieron con un golpe, pero sí con un grito o un empujón, algo que al comienzo puede ser muy normalizado”.
