A días de las cruciales elecciones legislativas en Buenos Aires, el Gobierno de Javier Milei enfrento la crisis de audios filtrados de su hermana. Tras prohibición de la justicia Argentina a publicar las grabaciones en prensa, queda en cuestionamiento la libertad de expresión.
Fernanda Noemí y Josefina Olivares
Cerca de las próximas elecciones bonaerenses legislativas del 7 de septiembre, el Gobierno argentino afronta una crisis política marcada por la filtración de audios que involucran Karina Milei y el dirigente Eduardo Menem en presuntos sobornos. Además, una orden judicial que prohibió su difusión provocó un debate sobre censura y libertad de prensa en Argentina.
La primera mención pública de los audios se dio en el canal de streaming Carnaval, donde Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), denunciaba coimas en la compra de medicamentos que beneficiaban a Karina, Secretaría General de la Presidencia de Argentina, y a Eduardo Menem. Según los audios, el esquema podía mover hasta 800.000 dólares mensuales, a través de la droguería Suizo-Argentina, el Gobierno presuntamente realizó compra y provisión de medicamentos de la ANDIS, generando sobreprecio del 8%, del cual 3% se dirigía a Secretaría General.
Tras la filtración de los audios, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires realizó 15 allanamientos a domicilios particulares vinculados al caso, incluyendo la casa de Spagnuolo, la empresa distribuidora Suizo Argentina y la sede de la Andis, según fuentes privadas con acceso a la investigación.
El pasado lunes juez federal Alejandro Patricio Maraniello, que acumula al menos nueve denuncias por acoso laboral, intentó frenar la circulación de los audios con una resolución que prohíbe a medios y redes sociales difundirlos, bajo el argumento de proteger “privacidad institucional”, lo que abrió un debate sobre la censura y desinformación en plena campaña electoral. El Sindicato de la Prensa se dirigió a la prohibición como “ataque sin precedentes en la historia de la democracia a la libertad de expresión”
Rocío Alorda, presidenta del Colegio de Periodistas, mencionó que lo que está pasando en Argentina, tiene todos los elementos que ponen en riesgo el rol de los periodistas y los criminaliza.
Como recuerda Amnistía Internacional en su informe de la libertad de expresión, “La censura previa es incompatible con los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional argentina, así como con el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, los que la prohíben expresamente. La prohibición de censura previa es prácticamente absoluta.”
Aún tras la censura el 2 de septiembre, el canal uruguayo Dopamina difundió nuevos fragmentos atribuidos a Karina Milei, en cual atribuye a Martín Menem, diputado y actual presidente de la Cámara baja, como “cabeza” de la coordinación. Este nuevo audio pone en duda el real origen de la grabación, ya que Menem afirmó en redes que si los audios fueran reales, fueron en el congreso, contrario a la solicitud judicial de “proteger la integridad de la Casa Rosada”.
Javier Milei en la primera entrevista post escándalo de los audios, indicó que la oposición es capaz de inventar “cualquier tipo de aberración”, aseguró “Es a todo o nada, desde destruir el programa económico a intentar matarme” sin referirse directamente a lo acontecido. Se desestimaron sus acusaciones tras encabezar el cierre de la campaña bonaerense de La Libertad Avanza, en una localidad no preparada para el evento y aún así terminar de manera ordenada y sin incidentes más allá de un forcejeo, con la agresión a un periodista.
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